La movilidad urbana es un factor muy relevante para la calidad de vida de las personas, pues permite el acceso a oportunidades laborales, económicas, educativas, recreativas entre muchas otras, e inclusive fortalece la competitividad de las ciudades.
Los municipios, a partir del del artículo 115 constitucional, tienen este servicio público conferido, el cual es reforzado por las atribuciones de la normativa estatal y local vigente. El artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, en el segundo apartado inciso b establece: “(…) se especifica que los medios de transporte correspondientes, deben conducir a la más eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en el transporte de personas”, y el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Leo?n, Guanajuato, en el numeral 175, fracción tercera, señala la garantía de implementar sistemas y modelos de transporte eficiente, seguro y confortable.
Esto da cuenta del importante papel que juegan las autoridades en la gestiones y establecimiento de los recursos necesarios para consolidar la administración de la movilidad urbana, siempre con objetivos claros y medibles, coordinando con eficiencia los servicios urbanos y suburbanos de transporte público, la búsqueda de alternativas de financiamiento, la planificación estratégica, el establecimiento de aspectos regulatorios. Así mismo, debe asegurar resultados en términos que impacten en el beneficio de los usuarios del servicio de transporte público, dando
prioridad a aminorar las brechas económicas, sociales y ambientales.
Si bien el impacto económico de la inflación ha repercutido en los costos de los insumos y servicios en términos globales y locales, no es posible dejar de evidenciar que las principales afectaciones las sufren el grueso de la población, sumado a las condiciones de precariedad que enfrenta la población leonesa. De acuerdo a CONEVAL, en León al menos 816 mil personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La organización No+pobreza expone con datos del estudio Bismarck (2022). Que, si se diera un aumento del 33% como solicitan actualmente los concesionarios, las familias de este estrato socioeconómico gastaría casi el 40% de sus ingresos en movilidad.
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