Para el desarrollo de esta mesa de análisis se tuvo la participación del Mtro. David Herrerías Guerra, Presidente del Consejo de la asociación No+Pobreza Guanajuato y miembro del Consejo Consultivo del Observatorio Ciudadano de León; la Mtra. Gabriela Naranjo Guevara, académica de tiempo del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León y Coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la misma casa de estudios; el Dr. Fabrizio Lorusso, quien es académico de tiempo del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León y coordinador del Cuerpo Académico de Desigualdad Social de la misma casa de estudios, así como la moderación de la Mtra. Laura Villanueva Franco, Coordinadora de No+Pobreza Guanajuato y profesora de asignatura de la Ibero León.
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA
En México la desigualdad es uno de los temas que más afecta a nuestra población. El Reporte Mundial de la Desigualdad de 2022 muestra que sigue siendo uno de los principales flagelos en la potencia Latinoamericana, donde solo el 10% de la población acapara el el 79% de la riqueza, mientras el 50% de los mexicanos continúa en su lucha cotidiana contra la pobreza (Salinas, 2021). Esto por mencionar la desigualdad económica que es un aspecto de la desigualdad social. La desigualdad social y la justicia social son temas que van de la mano, pues mientras a algunos se les trata diferente por algún aspecto desfavorable y a otros se les enaltece por su riqueza y privilegios puede generar una injusticia social, pero para tener más claro de qué trata la desigualdad social y la justicia social, y no confundirlas con otros conceptos veremos sus definiciones:
“Desigualdad social: Se produce cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su género, la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos.” (La Agencia de la ONU para los Refugiados, 2018)
“La Justicia Social se define a través de los principios de dignidad humana, del bien común, de la solidaridad, la subsidiaria, el destino universal de los bienes y el valor del trabajo humano y, su finalidad es inclinar al hombre a crear ciertas condiciones necesarias para su propia realización y la de los demás.” (Barp Fontana, L. 2008)
La justicia social ha sido una aspiración para los mexicanos a lo largo de la historia. Nuestra Constitución Política es el resultado de un movimiento social que asignó al Estado la responsabilidad de procurar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Dos componentes fundamentales de la justicia social son la seguridad y la igualdad en el ejercicio de las garantías individuales que señala nuestra Constitución Política, y la disposición permanente del Gobierno de moderar las inequidades y procurar la igualdad de oportunidades de acuerdo con el Plan Nacional, 1995-2000 (Cámara de Diputados, 2005).
Al mismo tiempo es necesario conocer la posición que tiene el estado de Guanajuato y la ciudad de León en pobreza, pues como se había mencionado en párrafos anteriores la desigualdad económica es un factor de la desigualdad social y una barrera al acceso de justicia social.
En el caso del Estado de Guanajuato, este ocupa el segundo lugar en desigualdad de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (Millán, 2018), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en pobreza está considerado como el octavo Estado con mayor nivel de pobreza en el país y el séptimo en pobreza extrema (Millán, 2018). En el Informe de pobreza y evaluación 2020 se aprecia una gráfica donde se indica que León tiene 522,736 personas en situación de pobreza, el mismo informe indica que 36,688 personas en la ciudad de León se encuentran en situación de extrema pobreza (CONEVAL, 2020). En los últimos cinco años León ha creado 6.7 pobres por cada hora, esto lo ha convertido en la ciudad que más pobres tiene en México, mayor que Ecatepec, Puebla o Iztapalapa según el CONEVAL (2015-2020). Esto se explica porque los salarios han caído. De 2015 a la fecha los salarios han caído un 23% aun cuando los trabajadores han duplicado su productividad (Ríos, 2022).
Para Guanajuato el equipo del Gobierno Federal desde la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Educación Pública (SEP) trabajó en la búsqueda de personas de 65 años que no tuvieran su pensión, alumnos que no estuvieran en la escuela (educación básica hasta media superior) y también personas con algunas necesidades, como discapacidad. Esto con la intención de resarcir la desigualdad social. Bajo este tenor, se ha comenzado una campaña llamada “Salario digno” que busca revertir la situación, el aumento de la pobreza y la caída de los salarios, la intención es que los empresarios se comprometan a aumentar el salario hasta eliminar la pobreza entre los asalariados. Esta campaña deja como lección que no es suficiente con tener empresas exitosas, también sociedades dignas (Ríos, 2022).
Enfrentar estos desafíos implica, entre otros, aumentar la productividad en general y especialmente de los segmentos más precarios; mejorar la formación para el trabajo; ampliar la cobertura de la protección social; mejorar los canales para la creación y formalización de empresas; eliminar la discriminación y mejorar el cumplimiento de la legislación laboral, en especial la protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo (Camacho, 2011).
PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE EXPERTOS Y EXPERTAS
Algunas de las notas recopiladas en esta 5ta mesa titulada: “Desigualdad social: las barreras que impiden llegar a la justicia social” se enfatizó en que “la causa de la desigualdad social viene de la forma en que se organiza la sociedad con las políticas públicas y económicas”. Por lo que en un sistema cerrado a la acumulación (aprovechamiento de los recursos naturales escasos) conlleva desequilibrios. Si la prosperidad no es compartida, no se puede abatir la pobreza. La pobreza y la desigualdad son dos conceptos inseparables aunque diferentes.
El Dr. Fabrizio Lorusso, quien abordó la ponencia “Desigualdad y desaparición: acción colectiva frente al continuum de violencias”, señaló que las desapariciones “actúan contra un grupo o personas, pero también contra la sociedad. Se trata de graves y múltiples violaciones a los derechos humanos, además de ser delitos permanentes e imprescriptibles crímenes de lesa humanidad en el Derecho Internacional Humanitario”.
De acuerdo con la ley, una persona desaparecida es aquella “cuyo paradero se desconoce y se presume, sobre la base de cualquier prueba, que su ausencia está relacionada con la comisión de un delito”, mientras que una persona no localizada “la persona cuyo paradero se desconoce y que, de acuerdo con la información proporcionada a la autoridad, su ausencia no está relacionada con la probable comisión de algún delito”.
En el contexto mexicano, de acuerdo con el Dr. Lorusso, señala que en México y pocos países más se tiene una institución solo para buscar. En ese sentido quien se encarga de la investigación y la búsqueda es la Fiscalía general de la República (a nivel federal), las Fiscalías generales del Estado, el Ministerio Público y la Agencia de Investigación Criminal. Dichas instituciones deben tener una coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda. las Comisiones Estatales de Búsqueda, los grupos, células y autoridades municipales, además de tener el apoyo de organismos internacionales como la ONU, DH, CICV y la participación de la sociedad civil, en este caso familias, colectivos y brigadas independientes.
Para el contexto estatal de Guanajuato, el histórico de cifras señala que en 2012 había un registro de 718 personas desaparecidas y para el tercer mes de 2024 había un registro de 4185. “En un periodo de poco menos de 6 años, las personas desaparecidas han crecido de casi 7 veces, de 621 a casi 4200, de estos 3,572 son hombres y 611 mujeres, 3933 son mayores de edad y 421 menores. Los municipios con más personas desaparecidas (superiores a 200) son: Celaya (505), Irapuato (472), León (459), Villagrán (265), Pénjamo (222) y Salamanca (210)” , expresó el Dr. Lorusso.
La pobreza como condición de vida influye en las posibilidades de tener:
- Las capacidades de vivir una vida sana, tener una educación, participar en la comunidad, etc.
- Además de tener el acceso a una buena alimentación, ser capaz de leer y trabajar dignamente.
En cuanto a las obligaciones del Estado, respecto a los derechos, el estado debe promover, respetar, garantizar y proteger. Estas facultades pueden ser dadas a través de su estructura, por ejemplo en materia de salud contabilizar cuántos hospitales hay y si tienen la capacidad de cobertura a la población en cuestión.
Es imprescindible mencionar la urgencia de continuar el posicionamiento en los temas, en ese sentido: el desempeño y buen funcionamiento de las autoridades de seguridad pública es vital, además, del acceso a justicia y la seguridad jurídica. Otros aspectos refieren a la salud pública, el interés superior de la niñez, la libertad personal, la violencia de género y el derecho al medio ambiente sano.
Otro tema importante es la desaparición de personas en el estado. Dentro de este fenómeno que ha ido en incremento en los últimos años, la desaparición forzada en ocasiones el perpetrador tiene un cargo público (por ejemplo policías, militares, guardia nacional, etc.). Por su parte la desaparición por particulares usualmente se trata de grupos organizados que de alguna manera tienen la posibilidad de cometer actos sin que el Estado intervenga. Cuando se habla de un continuum, es porque (en términos temporales) están sucediendo múltiples violencias en el tiempo: antes, durante, después de cada hecho, además de violencias estructurales (pobreza, desigualdad). En este caso de la situación de las personas en calidad de desaparición en el Estado.
Las acciones contracorriente en las que existen también un continuum de memoria, comunidad, acción colectiva y redes antimafia.
Por lo que de manera sintetizada podemos observar como las propuestas que fueron compartidas, las siguientes:
- Políticas públicas y económicas inclusivas: Se deben implementar políticas públicas que compartan la prosperidad para reducir la pobreza y la desigualdad.
- Fortalecimiento de Instituciones para Desapariciones: Coordinar eficazmente a instituciones nacionales como la Fiscalía General de la República, las Comisiones de Búsqueda y organismos internacionales, con la participación activa de la sociedad civil para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas.
- Acceso a derechos fundamentales: El Estado debe garantizar el acceso a la salud, educación, empleo digno y una buena alimentación como derechos básicos para combatir la pobreza.
- Seguridad pública y justicia: Mejorar el desempeño de las autoridades de seguridad pública y asegurar el acceso a la justicia y seguridad jurídica es esencial para la protección de derechos.
- Prevención de Desapariciones Forzadas: Se deben tomar medidas para prevenir la desaparición forzada y por particulares.
- Violencias estructurales: Abordar las violencias estructurales (como la pobreza y la desigualdad) que crean condiciones para otros tipos de violencia, como las desapariciones.
- Redes antimafia y memoria colectiva: Fomentar la memoria, la acción colectiva y la creación de redes antimafia como formas de resistencia a la desaparición y la violencia.
CONCLUSIONES
En definitiva, el acceso a la justicia social y su relación con la inseguridad es uno de los temas que más afecta a la población a nivel nacional y en específico en el contexto de León Guanajuato. Existen una serie de factores estructurales que imposibilitan a las personas no tener acceso a la justicia social, tales como la desigualdad social y la desigualdad económica. Aunado con lo antes mencionado, el contexto de violencia en el cual se vive en la actualidad se vincula con la desaparición de personas. Estos delitos pocas veces logran tener una resolución a falta de coordinación entre las fiscalías desde el nivel federal al municipal, organizaciones y sociedad civil. Cabe destacar que las cuestiones estructurales de la forma de organización política y social juegan un papel importante en el acceso a la justicia social, ante esto es importante la promoción de garantizar y proteger los derechos de la población.
BIBLIOGRAFÍA
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